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September 19, 2018

Más de 20 ONGs ratifican preocupación ante la grave crisis del transporte público en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos este comunicado, queremos ratificar nuestra preocupación ante la situación del transporte público que se vive en nuestro país y a la ausencia de políticas públicas y acciones efectivas en materia de transporte y seguridad vial, que conduzcan a superar la misma.

 

En cuanto al sistema de movilidad nacional, notamos con preocupación la violación de una serie de derechos fundamentales consagrados no solo la Carta Magna venezolana sino, de distintos derechos amparados en diversas leyes promulgadas en nuestra república.

 

El artículo 3 de la Constitución Bolivariana de Venezuela expresa claramente la responsabilidad del Estado en “defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad (…) la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.  Luego, ante el tema que se aborda y su grave situación cabe mencionar el  Artículo 13 de la Ley de Transporte Terrestre que establece que “El Sistema Nacional de Transporte Terrestre debe responder a los principios de actividad sustentable, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, a la disminución de la contaminación ambiental, a garantizar el buen trato a los usuarios y las usuarias, la seguridad y comodidad en los servicios de transporte terrestre público y la participación ciudadana, orientada a satisfacer las necesidades y requerimientos de la movilidad y accesibilidad en todos los ámbitos de la vida ciudadana”

 

Los hechos públicos y notorios que ameritan atención inmediata, entre una gran variedad de anomalías en la infraestructura, control y estado de todo el sistema vial venezolano, son los siguientes:

 

1.- El sistema subterráneo del Metro de Caracas está presentando graves fallas de mantenimiento y operativas, lo que lesiona los derechos de movilidad, en especial de ancianos y personas con discapacidad.

 

2.- El Metrobús con pocas unidades activas, realizando las rutas correspondientes que no son suficientes para la demanda de ciudadanos, aunado a la paralización de la flota de transporte público por falta de insumos y repuestos.

 

3.- La informalidad en la prestación del servicio de transporte aumenta cada día. Los usuarios están siendo transportados en unidades no aptas (Vehículos tipo Pick-up, Cuadrilleras) que atentan contra la seguridad de los pasajeros, el número de siniestros viales con consecuencias fatales por el uso de estos vehículos no aptos va en aumento. Resulta inaceptable que autoridades de algunos municipios estén apoyando este tipo de traslados como solución al problema del transporte.

 

4.- Las políticas públicas fomentadas por el ejecutivo resultan ineficaces, carecen de estudios de alcance y no poseen continuidad en el tiempo, su aplicación no disminuye ni aporta una solución real a la problemática que compone el sistema vial venezolano.

 

5.- La ausencia de estadísticas, cifras y datos oficiales, la politización de la crisis de transporte, la violación de la mayoría de los artículos contemplados en la Ley de Transporte Terrestre, la latente vulnerabilidad de las personas con movilidad disminuida, ancianos y niños, niñas y adolescentes al no tener un medio de transporte digno y seguro.

 

6.- Asfalto, alumbrando y señalización de las vías públicas en estado deplorable, aumentando el riesgo de la vida de los usuarios y lesionando el patrimonio de choferes de todo tipo de transporte, incluyendo ciclistas y peatones dejando sin opciones seguras a los transeúntes.

 

En definitiva, todo el sistema de movilización venezolano está completamente afectado, generando retrasos, improductividad, abandono de puestos de trabajo y escolar.

 

Recordamos que el transporte constituye una actividad de interés social, pública, económica y estratégica y su situación hoy día está afectando el legítimo derecho de movilización de los ciudadanos y se desarrolla en una total anomia, violentando el artículo 108 de la Ley de Transporte Terrestre poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, afectando la productividad y la asistencia escolar. 

 

Esta situación que confronta hoy día el sector representa un retroceso dantesco, por ende exhortamos a las autoridades tanto nacionales como regionales y municipales a que asuman con responsabilidad este problema y se avoquen urgentemente a la solución del mismo a través de acciones firmes y constantes, ya que está en juego la vida y el futuro de los venezolanos.

 

Finalmente alertamos al empresariado, trabajadores, a la población en general del grave riesgo que representa para su vida utilizar camiones en cualquiera de sus tipos para su traslado.

 

Caracas a los 19 días del mes de septiembre de 2018, suscriben la por sociedad civil:

 

 

 

  1. Asotransito. 

  2. Km Inteligente.

  3. Stop VIH

  4. Escuela de Vecinos de Venezuela

  5. Acceso a la Justicia

  6. Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes 

  7. Asociación Civil por la Vida (ASOVIDA) 

  8. Liga Merideña contra el Sida 

  9. Cooperativa Caribana 

  10. EPCC Mérida

  11. Centro para la paz y los Derechos Humanos “Padre Luís María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela

  12. Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer. FUNDAMUJER.

  13. Llamado a la Conciencia Vial.

  14. Una Ventana a la Libertad 

  15. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

  16. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

  17. Conciencia Ciudadana A.C

  18. Proyecta Ciudadanía A.C

  19. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

  20. Epikeia 

  21. Observatorio Universitario de Derechos Humanos

  22. Cecodap

  23. Asociación Civil Paz Activa- Observatorio de Seguridad Vial en Venezuela

  24. CELAEG

  25. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

  26. Red de Defensores de Derechos Humanos. Nueva Esparta.

December 11, 2017

20 ONG se pronuncian sobre crisis de la seguridad vial y el transporte público en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos este comunicado, queremos expresar nuestra preocupación ante los vacíos existentes en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad vial.

Notamos claramente que el tema de la seguridad vial no está dentro de las prioridades del Ejecutivo nacional, ni de las instancias de gobierno regional y local. Hacemos esta afirmación basándonos en los siguientes puntos:

 

1.- Falta de planificación urbana, en la cual se prevea el impacto de la movilización peatonal, transporte público, estacionamientos y volumen de circulación vehícular.

 

2.- El aumento de uso de la moto como medio de transporte público, sin observación, medición ni estudio del impacto de este modo de transporte.

 

3.- La falta de sanción ante el incumplimiento de las disposiciones de Ley y normas en general, ante faltas tan graves como llevar niños menores de 10 años en motos, incluso sin ningún tipo de protección, desatendiendo al Reglamento de la  Ley de Transporte Terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas en la red vial nacional y el transporte público de personas en la modalidad individual moto taxi, y que se estén utilizando estos vehículos como transporte escolar.

 

4. La falta  de data actualizada sobre causa de muerte en las vías, para de acuerdo a ello establecer planes y campañas que atiendan las causas de siniestros en cada región.

 

5.- La falta de escuelas certificadas de manejo para autos, motos, incluso bicicletas, estas últimas también de suma importancia, debido a la relevancia mundial que está tomando este vehículo como alternativa ecológica y saludable.

 

6.- El evidente deterioro de calles, avenidas, aceras y mobiliario urbano en general.

 

7.- El mal estado o la ausencia de la iluminación, señalización y dispositivos de control de tránsito en general, e instrumentos comunes dentro de la circulación vial incluyendo equipamiento urbano; afectando principalmente al  peatón. Ello incide indudablemente en los niveles de inseguridad vial y ciudadana.

 

8.- La ausencia de funcionarios de tránsito en las calles y avenidas y de estar, no toman ninguna acción de orden y control vial. Incluso la ausencia de supervisión y control del ejercicio de estos funcionarios en sus atribuciones de Ley.

 

9.- Ausencia de sanciones ante las constantes infracciones de todo tipo, propiciando la anarquía que priva en la circulación del tránsito en todos sus modos. Se insiste en especial las consecuencias que esto puede conllevar sobre la seguridad vial de niños, niñas y adolescentes.

 

10.- Fallas en el sistema de transporte público superficial: Pocas  unidades para cubrir la demanda de usuarios, en mal estado,  con horarios limitados, sin información acerca de las rutas, incidencia de robos en las unidades, a lo cual se suma la falta de repuestos y altos costos.

 

11 La carencia de un  sistema de transporte público adecuado en cantidad, calidad, rutas, que presente un servicio seguro y confiable para atender a la demanda de los venezolanos.

 

12. El Metro de Caracas está presentando fallas estructurales, de mantenimiento y operativos, que están lesionando los derechos de movilidad, en especial de ancianos y personas con discapacidad. En artículo redactado por  la ONG de DDHH Proiuris publicado en su sitio web, de fecha 08 de noviembre 2017 informan que el 36% de las escaleras mecánicas de la Línea 1 está fuera de servicio.

 

La mayoría de estos puntos, exceptuando lo concerniente al Metro de Caracas, se presentan en la mayoría de los estados de todo el país. 

 

Se hace necesario mencionar que en el último informe de la Organización Mundial para la Salud, Venezuela es el único país que aparece en blanco, es decir, sin data.  La ONU lanzó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en el 2011 y a cuatro años de culminar, nuestro país, solo tiene algunos programas, misiones, campañas gubernamentales, sin estar concatenadas a un plan nacional que se proyecte a dar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

 

El transporte no está fundamentado como un derecho humano, pero el derecho al libre tránsito si está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, y a tal efecto, la situación del transporte público a la fecha, está mermando el legítimo derecho de movilización de los ciudadanos y además, se desarrolla en una total anomia, violentando la Ley de Transporte Terrestre poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, sus bienes, afectando la productividad y la asistencia escolar.  Provea publicó en su portal, fecha 01 de diciembre de 2017, que el 80% del transporte nacional está paralizado.  El problema aquí planteado con el transporte público es de vieja data con distintos niveles de complejidad y circunstancias, entre los cuales se puede mencionar el que planteó en junio 2017 el Observatorio Venezolano de Violencia, quienes publicaron notas y resultados de investigaciones referentes a los niveles de inseguridad personal – violencia, que padecen los choferes y pasajeros de los medios de transporte público superficial.

 

En cuanto a las cifras, datos, investigaciones y su pronta publicación-actualización, el Observatorio Vial Venezuela durante cinco años consecutivos se ha encargado de hacer las recomendaciones pertinentes a este punto, lo cual se ha vuelto a mencionar en el V Informe de la Situación Vial en Venezuela visto desde la Sociedad Civil presentado al público el pasado 23 de noviembre de 2017, donde apenas se pudo contar para su análisis, con el Anuario de Mortalidad del año 2013.

 

Se reconocen algunos esfuerzos, incluso ahora con el Registro de Operadores y Unidades del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, pero esto no es suficiente ante la gravedad de la situación en materia de Seguridad Vial; En el anuario publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de 2010,  se tenía claro que los hechos viales violentos eran la primera causa de muerte en niños de 1 a 5 años, y la segunda causa de muertes en jóvenes de 15 a 23 años.

 

Próximamente en Venezuela tendremos una generación de jóvenes lisiados, niños desfigurados, familias incompletas viviendo en ciudades con infraestructuras  totalmente hostiles donde una persona en silla de rueda no tiene las facilidades para movilizarse por cuenta propia, ni en transporte público urbano.  Esto si hablamos de los jóvenes, pero nuestra sociedad no puede dejar a un lado a los adultos mayores, que se ven maltratados no solo por aceras rotas, irregulares o inexistentes, sino por el castigo de la larga espera de un colectivo que no llega, y si llega, está en muy malas condiciones o no es posible tomarlo debido al alto volumen de pasajeros.

 

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional demás entes gubernamentales encargados en materia de Seguridad Vial, a actuar con urgencia a través de acciones firmes y constantes, lo que está en juego es la vida y el futuro de los venezolanos.

 

 “Juntos podemos salvar millones de vidas”

 

1.Acceso a la Justicia

2.A.C. Cultura para la Vida

3.A.C. El KM Inteligente. Danitza Suarez.

4.A.C Llamado a la Conciencia Vial. Mayerling Vera.

5.Agenda Automotriz

6.Asociación Civil Paz Activa.

7.ASOTRANSITO.  Lilian Romero.

8.AVEDEPE.

9.CIESVIAL A.C. Darwin Figuera.

10.CONVITE A.C. Luis Francisco Cabezas.

11.Educación Vial y Ciudad - EVYC - Gilberto Morillo. 

12.FUNPAZ A.C.

13.FUNVIE.  Reina Díaz.

14.Humano Derecho.

15.Monitor Social A.C.

16.ORPANAC.  Juan Carlos Torcatt.

17.Redes Ayuda.

18.Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.  Huniades Urbina-Medina, MD, PhD

19.Sotravial.

20.Stop VIH.  Jhonatan Rodríguez.

August 18, 2017

ONG denuncia creciente criminalización de organizaciones sociales en Venezuela

Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscriben el presente comunicado, respaldados como lo estamos, en nuestro compromiso de promover y defender los Derechos Humanos (DDHH) nos permitimos manifestar a través del presente comunicado lo siguiente:

 

DENUNCIAMOS que en Venezuela se vienen ejecutando de manera sistemática, actos de criminalización de organizaciones sociales, sus actividades y sus principales actores; entre los que se incluyen ONG’s, Gremios Profesionales, Asociaciones Vecinales, Sindicatos, Organizaciones Religiosas, Grupos Empresariales; organizaciones estas que en su conjunto, constituyen la base medular y conciencia del país nacional.

 

ADVERTIMOS que tales prácticas de criminalización de organizaciones sociales y sus principales actores, provienen de distintos órganos del Poder Público Nacional, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintos apéndices, incluyendo allí de manera especial al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN; el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y sus distintos órganos dependientes; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la jurisdicción militar y con especial referencia a la Guardia Nacional Bolivariana;​​​ y muy recientemente a través de un ente de hecho, como lo es la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, la cual recientemente creó, según propuesta del Presidente Nicolás Maduro, la denominada  Comisión de la verdad, justicia, paz y tranquilidad pública, la cual por su origen irrito, así como su composición, esencialmente integrada por factores del Gobierno Nacional, pudiera convertirse en un órgano de persecución con presunto y discutido carácter supraconstitucional, dirigido esencialmente a impartir “justicia” hacia los factores del país nacional, que recientemente vienen manifestando su descontento ante las políticas gubernamentales, así como ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

 

CONDENAMOS la detención en el territorio nacional de distintos dirigentes sociales, gremiales y empresariales, como los casos del dirigente comunitario y periodista Carlos Julio Rojas, procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  del defensor de Derechos Humanos y activista social Carlos Graffe; procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  Rosmary Di Pietro presidenta del Colegio de Contadores procesada por justicia militar y recluida en la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Julio García presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde;  Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FETRACARABOBO), procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde; y que a decir del director del SEBÍN, Gustavo González López, “estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno presidido por el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tal como lo han expresado públicamente voceros de la derecha, y que estamos seguros serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público”; por lo que en definitiva tal elaboración policial, pudiera convertirse en un justificativo, y causa común de persecución política a un gran e indeterminado número de venezolanos.

 

RECHAZAMOS la criminalización y ataque a iniciativas generadas desde organizaciones de derechos humanos, actuando en el ejercicio y ámbito de sus objetivos, tales como “nombre y vergüenza”, iniciada desde la ONG Provea, la cual respaldamos y avalamos en su totalidad el grupo de organizaciones que suscribe el presente comunicado, iniciativa esta con la que se busca esencialmente documentar, visibilizar y prevenir violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Afirmamos de manera inequívoca, nuestra firme voluntad de avanzar unidos en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como compartir solidariamente la responsabilidad y consecuencias de esta lucha.

 

MANIFESTAMOS gran preocupación por la irrita destitución de la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, luego de manifiestos actos de hostigamiento, presión, e injerencia indebidas, por parte del Poder Ejecutivo Nacional; así como la irrita designación del antiguo Defensor del Pueblo Tarek William Saab, en las funciones de Fiscal General de la Republica; provocando con ello, más allá de una usurpación de funciones, peligrosos procesos de ingobernabilidad, así como de fractura evidente en la imparcialidad debida a la administración de justicia; que sumados a los factores anteriormente señalados, constituyen un absoluto desmoronamiento del concepto de justicia justa, la cual se precisa necesaria ante la evidente y sistemática criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela.

 

Por lo que en consecuencia;

 

DEMANDAMOS a las cabezas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Ciudadano; Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Consejo Moral Republicano  Tarek William Saab Halabi, que se ciñan en su accionar, y en estricto apego, a los Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, así como  a los derechos garantizados en la Constitución de 1999; haciendo cesar de manera inmediata todo acto de criminalización de las organizaciones sociales del país, de sus actividades, así como de persecución a sus principales actores.

 

EXPRESAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBERde COLABORAR, en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra Constitución, vistos como han sido, los írritos actos ejecutados por algunos actores del Poder Público Nacional, que han menoscabado y pretenden seguir menoscabando la vigencia de nuestra carta magna.

 

EXHORTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBERde DESCONOCER cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos consagrados en nuestra carta magna.

 

NOS COMPROMETEMOS a ser fieles en nuestros exhortos, y ASUMIR igualmente como lo solicitamos, tanto desde nuestra perspectiva como organizaciones, e individualmente como ciudadanos; TODOS LOS ESFUERZOS DISPONIBLES para garantizar y hacer respetar, los más sagrados valores de nuestra república, como lo son la democracia y el respeto a los derechos humanos.

 

En la ciudad de Porlamar, a los 17 días del mes de agosto del año 2017.

 

Suscriben este manifiesto:

 

  1. Acceso a la Justicia.

  2. Acción Solidaria

  3. Acción Zuliana por la Vida (AZUL POSITIVO)

  4. AEPA Falcón A.C

  5. Amigos Trasplantados Venezuela.

  6. Aula Abierta Venezuela.

  7. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

  8. Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de los Andes.

  9. Camino Democrático

  10. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF).

  11. Centro de Animación Juvenil.

  12. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

  13. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

  14. Centro para la paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” UCV (CPDDHH)

  15. Centro de Formación para la Democracia CFD (Venezuela).

  16. CEPAZ – Centro de Justicia y Paz.

  17. CIDER

  18. CIVILIS Derechos Humanos

  19. Coalición Clima 21

  20. Coalición DDHH y Defensores del Estado Falcón

  21. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA).

  22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Apure.

  23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Monagas.

  24. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Sucre.

  25. Comité para la Defensa de los Familiares y Víctimas de Violación DDHH (COPRODEH)

  26. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

  27. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira.

  28. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

  29. CONVITE A.C

  30. Espacio Publico

  31. Expresión Libre A.C

  32. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación.

  33. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

  34. Foro Penal Venezolano Capitulo Nueva Esparta.

  35. Fundación Agua Clara

  36. Fundación Arcoíris por la Vida (FAVID)

  37. Fundación Nueva Mujer Margarita

  38. Gente del Petróleo (Zona Norte Anzoátegui).

  39. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes.

  40. Humano Derecho Radio Estación

  41. INCIDE

  42. Laboratorio de Paz.

  43. Llamado a la Conciencia Vial A.C.

  44. Manos Amigas por la Vida (MAVID)

  45. Movimiento SOMOS

  46. Nueva Esparta en Movimiento A.C.

  47. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)

  48. Observatorio Venezolano de la Salud.

  49. Organización StopVIH.

  50. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC).

  51. Padres Organizados de Venezuela

  52. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. (PROVEA).

  53. Proyecta Ciudadanía A.C.

  54. Redes Ayuda

  55. Revista SIC

  56. RIOD Venezuela

  57. Sociedad Hominis Iura (SOHI)

  58. Transparencia Venezuela.

  59. Un Mundo Sin Mordaza

  60. Una Ventana a La Libertad

  61. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

  62. Venezuela Diversa A.C

July 15, 2017

“Compromiso de la Sociedad Civil organizada con los principios y aplicación de la Justicia Transicional en Venezuela”

De la web de Provea se copia textualmente y para leer el comunicado seguir el enlace adjunto. 

 

Como parte de un conjunto de acciones para promover la negociación y el entendimiento, ha empezado un proyecto denominado “Iniciativa de Justicia Transicional”.

Apoyado por diversas organizaciones entre las que destaca el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Paz Activa, Espacio Público, Stop VIH destacan que la Justicia Transicional puede tomar muchas formas, y cada país debe construir su propio mapa de ruta para implementar los mecanismos que más se adaptan a su realidad.

“Es claro que existe una resistencia al cambio que se avecina por aquellos que hoy detentan el poder. Puede que teman que si dejan sus posiciones de poder, serán víctimas de atropellos y violación de sus derechos fundamentales que se desencadenaría producto de una cacería de brujas por grupos radicales que asumirían en poder. La Justicia Transicional es un muro de contención contra estas tendencias. Es una garantía de que no se aplicará la justicia de los vencedores y disminuye los costos de tolerancia hacia los vencidos.” expresan en el documento difundido

June 07, 2017

123 ONG se pronuncian ante crisis de salud en Venezuela.

Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y que suscribimos el presente pronunciamiento:

 

ALERTAMOS al país ante la crítica situación de escasez que pone en peligro la vida de miles de venezolanos, así como la implementación del Plan Quirúrgico Nacional con componentes de carácter discriminatorio de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 

ADVERTIMOS que en la República Bolivariana de Venezuela existen graves fallas con el suministro de medicamentos antirretrovirales para tratar a las personas que han contraído el virus de inmunodeficiencia humana (VIH): Zidovudina y Kaletra para infantes así como las presentaciones para adultos  Ritonavir (Norvir), Complera (Rilvirapina+Emtricitabina+Tenofovir), Reyataz (Atazanavir), Raltegravir (Isentress), Kaletra (Lopitavir/Ritonavir) y Viraday (Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir). Además, se suman las fallas existentes en el suministro de reactivos e insumos para la realización de pruebas de detección primaria del VIH (ELISA de cuarta generación), así como de pruebas de monitoreo y control para el tratamiento de la infección (SubPoblación Linfocitaria CD4, Carga Viral, Test de Resistencia). También se registra la ausencia absoluta de los fármacos para tratar infecciones oportunistas: Toxoplasmosis, Tuberculosis, Hepatitis, Citomegalovirus, Herpes, Sarcoma de Kaposi, entre otras. A todo este panorama desalentador se le suma, el desabastecimiento de sucedáneos de leche maternizada para alimentar a niñas y niños que nacen de mujeres con VIH que no pueden amamantar.

 

INFORMAMOS que en Venezuela se estima que al menos 300.000 personas pueden haber contraído el virus de inumodeficiencia humana (VIH); 2.300 son menores de 12 años de edad; todos los años se registran al menos 11.000 nuevas infecciones por VIH; y mueren no menos de 2.500 personas por complicaciones asociadas al sida anualmente. 19.000 menores de 17 años de edad han quedado huérfanos por causas relativas a la epidemia. Datos estos que han ido en constante crecimiento. Las fuentes oficiales no publican esta información así como otros datos sustantivos para la vida de miles de venezolanos, afectando su derecho a la salud y a estar informados.

 

SEÑALAMOS que en el país se encuentran registradas un aproximado de 77.000 personas con VIH en el Programa de Suministro de Antirretrovirales del Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La escasez actual afecta a 80% de las personas que dependen de dichos antirretrovirales para vivir y los deben recibir, sin costo alguno, tal y como lo establece la legislación venezolana.

 

DENUNCIAMOS que siendo el Estado venezolano el responsable directo, y único garante de la existencia de tales suministros para la atención de las personas que han contraído el VIH en todo el país, las mencionadas carencias de medicamentos e insumos constituyen un grave atentado al derecho a la salud y a la vida de miles de ciudadanos que tienen la referida condición crónica de salud.

RECHAZAMOS igualmente por discriminatorio el anuncio hecho el pasado 16 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, respecto al inicio del denominado Plan Quirúrgico Nacional, el cual en su aplicación diluye el derecho a la vida y la salud de los venezolanos, toda vez que se pretende condicionar su disfrute a la preexistencia de la identificación ideológica-política con el gobierno, utilizando de manera exclusiva para su acceso mecanismos discriminatorios, como en efecto lo es el denominado “Carnet de la Patria”, y encomendando su gestión a organizaciones controladas políticamente por el gobierno, como los CLAP y UBCH.

 

EXPRESAMOS nuestra más profunda preocupación por la demostrada negativa e incapacidad del Gobierno Nacional de cumplir con su obligación de atender la salud de los venezolanos.

 

CONDENAMOS que se pretenda utilizar como filtro de acceso al ya deteriorado sistema de salud nacional la opinión política de las personas.

 

En consecuencia,

 

EXIGIMOS del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, abrir los canales humanitarios que permitan de manera inmediata la llegada al país de existencias suficientes de fármacos e insumos para abastecer al Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como otros Programas de Salud que abarcan otras enfermedades.

 

EXIGIMOS del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hacer cesar de manera inmediata los mecanismos discriminatorios que condicionan el acceso universal a la salud de los venezolanos.

 

EXIGIMOS del ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la activación inmediata a nivel nacional de la institución que dirige, para promover, vigilar y denunciar que el acceso a la salud no sea condicionado a militancia política alguna o a la inscripción en mecanismos secundarios de identificación que contribuyen con la discriminación de las personas que necesitan atención.

 

  1. Acceso a la Justicia

  2. Acción Campesina

  3. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

  4. Acción Ecuménica

  5. Acción Guayana por la Vida

  6. Acción Solidaria

  7. Acción Zuliana por la Vida (AZUL+)

  8. Aid for AIDS Venezuela

  9. Amigos Trasplantados de Venezuela

  10. Anzoátegui sin sida A.C.

  11. Asamblea de Educación

  12. Asociación Civil Cambio Positivo

  13. Asociación Civil Impulso vital Aragua (ACIVA)

  14. Asociación Civil Manantial de Vida (AMAVIDA)

  15. Asociación Civil Mujeres por la Vida (ASOMUVI)

  16. Asociación Civil Niña Madre

  17. Asociación Civil Protagonistas de la Vida (APROVIDA)

  18. Asociación Larense para la Planificación Familiar (ALAPLAF)

  19. Asociación Luchemos por la Vida (ALVI)

  20. Asociación Venezolana de Mujeres

  21. Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)

  22. Asociación Venezolana para la Hemofilia

  23. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA)

  24. Aula Abierta Venezuela

  25. Banco del Libro

  26. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

  27. Cátedra de La Paz / Universidad de Los Andes

  28. Cecodap

  29. Cedice Libertad

  30. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

  31. Centro de Animación Juvenil

  32. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

  33. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

  34. Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

  35. Centro para La Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

  36. Ciudadanía Diversa A.C. (CIUDIVER)

  37. Civilis Derechos Humanos

  38. Coalición Clima 21

  39. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)

  40. Comisión de Derechos Humanos de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

  41. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Apure

  42. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Barinas

  43. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Mérida

  44. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Estado Táchira

  45. Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)

  46. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

  47. Confederación de Sordos de Venezuela (ConSorVen)

  48. Convite A.C.

  49. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)

  50. Derechos Humanos Ya

  51. Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la Ley

  52. Espacio Humanitario

  53. Espacio Público

  54. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

  55. Foro Penal Venezolano

  56. Fundación Aguaclara

  57. Fundación Arcoíris Por la Vida

  58. Fundación Bengoa

  59. Fundación CELTA

  60. Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (FUNCAMAMA)

  61. Fundación Gran Familia de la Salud.

  62. Fundación Humanitaria por la Vida

  63. Fundación Manos Amiga por la Vida (MAVID)

  64. Fundación Niños en Positivo

  65. Fundación Nueva Mujer Margarita

  66. Fundación Prepara Familia

  67. Fundación Presérvate

  68. Fundación Reflejos de Venezuela

  69. Fundación Sida Región Táchira (FUNDASIDARTA)

  70. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)

  71. Fundación Vida Sana Internacional

  72. Laboratorio de Paz

  73. Liga Merideña de Lucha Contra el Sida

  74. Llamado a la Conciencia Vial A.C.

  75. Movimiento Vinotinto

  76. Mujeres en Línea A.C.

  77. Mujeres Unidas por la Salud A.C. (MUSAS)

  78. Nueva Esparta en Movimiento A.C.

  79. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

  80. Observatorio Venezolano de la Salud

  81. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho

  82. Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)

  83. Organización StopVIH

  84. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

  85. Opción Venezuela A.C.

  86. Padres Organizados de Venezuela

  87. Positivos en Colectivo

  88. Pro Inclusión VP

  89. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

  90. Proyecta Ciudadanía A.C.

  91. Proyecto de Vida

  92. Red Andina de Derechos Humanos

  93. Red Metropolitana de ONG con servicios en VIH y sida (RedMetSida)

  94. Red Juvenil Cultura de Paz y VIH/SIDA

  95. Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+)

  96. Revista SIC del Centro Gumilla

  97. Sinergia

  98. Sociedad Hominis Iura

  99. Sociedad Wills Wilde A.C.

  100. Transparencia Venezuela

  101. Un Mundo Sin Mordaza

  102. Una Ventana a la Libertad

  103. Unión Afirmativa

  104. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

  105. Venezuela Diversa A.C. 

Organizaciones internacionales:

 

  1. Acción Internacional para la Salud. Perú

  2. Alianza para la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH. El Salvador

  3. Asociación Atlacatl Vivo Positivo. El Salvador

  4. Caribbean Vulnerable Communities Coalition. Jamaica

  5. Coalición de TB de Las Américas. Estados Unidos de América

  6. Coalición Ecuatoriana de Personas que viven con VIH/sida (CEPVVS). Ecuador

  7. Coalition de Lutte contre la Malaria en Haïti (COLMAH). Haití

  8. GESTOS- Soropositividade, Comunicação e Gênero. Brasil

  9. Instituto para el desarrollo humano. Bolivia

  10. International Council of AIDS Service Organizations (ICASO). Canadá

  11. International Treatment Preparedness Coalition Latin American and Caribbean ITPC-LATCA

  12. Mecanismo Social de Apoyo y Control en VIH. Colombia

  13. Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH (ReColVIH). Colombia

  14. Red Latinoamericana, Cuba y República Dominicana de Personas con VIH (RedLa+)

  15. Red Nacional de Personas con VIH y sida de Bolivia. Bolivia

  16. Red Peruana de Mujeres con VIH. RPM+

  17. Senderos Asociación Mutial. Colombia

  18. Trans Siempre Amigas (TRANSSA). República Dominicana

May 23, 2017

Rechazo a la aplicación, en consecuencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

Quienes suscribimos este documento, organizaciones de la Sociedad Civil que trabajamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), manifestamos:

 

Que el día 18 de abril el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, en alocución presidencial bajo la vigencia del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, ordenó la aplicación a nivel nacional del autodenominado PLAN ZAMORA, en su decir en FASE VERDE, bajo el cual ordena a los jefes de las REDI (Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) la activación de este Plan Estratégico Especial Cívico-Militar que “activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional, siendo que deberá activarse bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, en defensa del orden integral, de la paz y para derrotar el golpe de Estado”, asumiendo que los organismos de seguridad y orden público nacionales quedan bajo el mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

 

Que específicamente el día 15 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos del estado Nueva Esparta, enmarcados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron participar de manera pacífica, en el denominado “Gran Plantón”, el cual, entre otros sitios de desarrollo, se realizó en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Arismendi de esa entidad insular.

 

Que por su accionar fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en circunstancias que llevaron a la detención deTREINTA y TRES (33) ciudadanos en todo el territorio del estado.

 

Que estos ciudadanos fueron recluidos el mismo día 15 de mayo, en el Comando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General Aquilino Mata.

 

Que durante sus detenciones, por demás ilegales e inconstitucionales, practicadas a través de mecanismos popularmente conocidos como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al infligir serios daños físicos y morales en el grupo de detenidos, tal y como fuese plenamente comprobado por los reconocimientos médicos legales practicados por forenses de la región, a solicitud de la Fiscalía de Derechos Fundamentales.

 

Que diecinueve (19) de los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, siendo procesados en la jurisdicción penal ordinaria; y el restante grupo de catorce (14) detenidos, se desconocía porque no fueron presentados, motivando tal incertidumbre que el Ministerio Público a través del Fiscal Tercero de esa jurisdicción, solicitase ante el Circuito Judicial Penal se le colocaran a su disposición el resto de los detenidos, ocasionando con ello agresiones e intimidaciones verbales por parte de funcionarios de ese Circuito al referido representante de la vindicta pública, que lo “invitaron” airadamente a “retirar” su solicitud.

 

Que durante su detención en la mencionada dependencia militar, fueron objeto de incomunicación absoluta; inclusive el propio día de su detención, la Guardia Nacional Bolivariana impidió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales de la región el acceso a los detenidos; asimismo impidió el acceso a familiares y/o abogados de confianza, no fueron informados de los cargos por los que se les pretendía juzgar; siendo estas condiciones como la prohibición de incomunicación o tortura y el derecho al debido proceso, garantías de carácter intangible y de imposible suspensión, por mandato del artículo 337 de nuestra Constitución Nacional.

 

Que ante tal situación de violación flagrante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos detenidos, organizaciones de derechos humanos y familiares, intentaron el día 17 de mayo, una acción de amparo a la libertad personal, conociendo de ella el Tribunal Primero en funciones de Control del Estado Nueva Esparta.

 

Que a pesar del mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución, de poner bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, y sin dilación alguna a los detenidos, este Tribunal en fecha 19 de mayo, decidió declinar su competencia como juez constitucional, en un Tribunal Militar, violando con ello la propia carta magna, así como reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala como único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, al tribunal de control, y por lo tanto, haciendo nugatorio que otro juzgado pueda decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

 

Que violando el principio de juez natural, estos catorce (14) ciudadanos fueron sometidos a Justicia Militar en el estado Anzoátegui, el día 19 de mayo de 2017, permitiendo a sus abogados tener contacto con ellos por primera vez, apenas 20 minutos antes de la prevista audiencia; ordenándose a siete (7) de ellos su procesamiento y reclusión en el anexo militar de la Cárcel de La Pica, estado Monagas, y al resto de ellos, a seis (6), el procesamiento con medidas cautelares; y el restante, no ha podido ser presentado por encontrarse convaleciente en una clínica, víctima de los malos tratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

 

Que la Justicia Militar, tiene un connotado carácter inquisitivo y no autónomo, esquivo a los principios en materia de derechos humanos; donde inclusive los fiscales y jueces militares, de esa jurisdicción, son elegidos por el Presidente de la República, violentando el debido proceso de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción, que justamente se encuentran manifestando en contra del gobierno nacional, configurándose una inaceptable criminalización y judicialización de la protesta social.      

 

Que la responsabilidad civil, penal y administrativa de tales acciones desplegadas en el estado Nueva Esparta, corresponden, en base los lineamientos dictados por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros (en el marco de lo que este autodenominó PLAN ZAMORA), en un primer término al Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular (REDIMAIN) Almirante Edglis Herrera Balsa, al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nueva Esparta (ZODI Nueva Esparta) Vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, y alComando de Zona N° 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, a cargo del General de Brigada Aquilino Mata.

 

Que la Defensoría del Pueblo como elemento medular de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, tiene responsabilidades ineludibles en la investigación de este tipo de casos.

 

En consecuencia: EXIGIMOS del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado PLAN ZAMORA, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

 

EXIGIMOS del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; comisión esta que le toca presidir, de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

EXIGIMOS de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público.

 

EXIGIMOS sin dilación alguna de los Tribunales Militares a nivel nacional, ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción; así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria.

 

EXIGIMOS sin dilación alguna de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.

 

ADVERTIMOS que de continuar ejecutándose el Plan Zamora, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que los actos de algunos de ellos, se ejecuten sin control alguno, estando frente a una inequívoca ruptura del orden constitucional.

 

En la ciudad de Porlamar, a los 23 días del mes de mayo del año 2017.-

 

Suscriben este comunicado…

 

  1. Acceso a la Justicia A.C.

  2. Acción Campesina

  3. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental (AEPA) Estado Falcón

  4. Aula Abierta Venezuela

  5. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

  6. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero de la Universidad de Los Andes

  7. Cedice Libertad

  8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

  9. Centro de Animación Juvenil

  10. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

  11. Centro de Formación para la Democracia (CFD)

  12. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

  13. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

  14. Civilis Derechos Humanos

  15. Coalición de ONG y Defensores de Derechos Humanos

  16. Coalición Clima 21

  17. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Apure

  18. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Bolívar

  19. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida

  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas

  21. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

  22. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

  23. Convite A.C.

  24. Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)

  25. Escuela de Vecinos de Venezuela

  26. Espacio Público

  27. EXCUBIRUS Derechos Humanos en Educación

  28. Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

  29. Foro Penal Venezolano Capítulo Nueva Esparta

  30. Fundación Aguaclara

  31. Fundación Camino Democrático

  32. Fundación CELTA

  33. Fundación Ensayos Para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)

  34. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID)

  35. Fundación Nueva Mujer Margarita

  36. Fundación Reflejos de Venezuela

  37. Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica (FUNVIE)

  38. FUNDEANAMB Falcón

  39. Gente del Petróleo Anzoátegui

  40. Laboratorio de Paz

  41. Llamado a la Conciencia Vial A.C.

  42. María Estrella de la Mañana A.C.

  43. Movimiento Vinotinto

  44. Nueva Esparta en Movimiento A.C.

  45. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

  46. Observatorio Venezolano de la Salud

  47. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho

  48. Organización StopVIH

  49. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

  50. Opción Venezuela A.C.

  51. Padres Organizados de Venezuela

  52. Participación Comunitaria Falcón

  53. Paz Activa A.C.

  54. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

  55. Proyecta Ciudadanía A.C.

  56. Red Andina de DDHH (RADAR)

  57. Red Manglar Internacional Capítulo Venezuela

  58. Red Internacional de ONG que luchan contra la Desertificación (RIOD Venezuela)

  59. Revista SIC del Centro Gumilla

  60. Sinergia

  61. Sociedad Hominis Iura (SOHI)

  62. Transparencia Venezuela

  63. Un Mundo Sin Mordaza

  64. Una Ventana a La Libertad

  65. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

  66. Veedores por la Educación del estado Aragua

Organizaciones internacionales:

  1. Justice International

May 15, 2017

ONG se pronuncian acerca del desastre petrolero que afecta las costas de Nueva Esparta y Sucre.

¿De qué se trata este ítem? ¿Qué lo hace interesante? Escribe una descripción interesante para atrapar la atención de tu audiencia...

Las organizaciones que suscriben este pronunciamiento nos dirigimos el Gobierno de Venezuela y a la opinión pública para manifestarnos en torno a la gravísima situación que afecta las costas de los estados Nueva Esparta y Sucre debido al derrame de petróleo que llega a nuestras playas.

 

Es inadmisible que esto esté ocurriendo en un país petrolero, por un desastre que se registró el mes pasado (23 de abril 2017) en Trinidad y Tobago. Somos dolientes sin intereses políticos, pero si de la armoniosa relación de los seres humanos y el resto de la biodiversidad, además de dejar por sentado nuestra condena y alarma ante la gravedad del daño ambiental, exigimos responsabilidades e indemnización por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago así como de la empresa Petrotrin frente a cualquier afectación, por ello, demandamos una pronta y efectiva respuesta:

 

Las playas de los estados Nueva Esparta (La Caracola, Playa Valdez, El Angel, Punta Ballena, Las Marites, Playa El Agua, Playa Parguito, Playa Guacuco, además de playas en las islas de Coche y Cubagua), Sucre (Güiria, Paria, Isla de Patos, Bahía del Morro de Puerto Santo y Playa Cipara), Archipiélago Los Frailes, Los Roques, están seriamente afectados por el desastre petrolero registrado el 23 de abril en Trinidad y Tobago.

Instamos al Gobierno Nacional, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Fuerzas Armadas de Venezuela, Defensoría del Pueblo y a todos los entes competentes a que garanticen la vida de la flora y la fauma de nuestras costas.

Exhortamos a los entes del Comité de Zona Costera del estado Nueva Esparta a que se investigue a profundidad la procedencia de sustancias viscosas, el petróleo que llegó a las costas de los estados Nueva Esparta y Sucre.

Exigimos que se convoque a las organizaciones de la Sociedad Civil con experiencia en el área ambientalista para aportar alternativas de solución al problema y contribuir con la contingencia y apoyo con otros actores clave.

El Gobierno Nacional, haciendo uso de sus atribuciones tiene que garantizar la preservación de la calidad de las aguas y debe exigir la cooperación al gobierno de  Trinidad y Tobago y apegarse a los convenios internacionales para que envíen equipos para recoger el petróleo tanto en costas como en aguas profundas a lo largo de la plataforma continental aguas abajo en el Mar Caribe.

Mantener a la comunidad informada acerca de no hacer uso de las playas afectadas pudiéndose hacer brigadas que puedan realizar charlas informativas a fin de preservar la vida. Así mismo, alertar sobre el consumo de frutos del mar en el marco de esta contingencia, ya que podrían traer efectos letales.

El Estado Venezolano tiene la obligación de elevar una queja ante la Cancillería de Trinidad y Tobago solicitando que efectúen una mayor vigilancia y se establezcan las responsabilidades, indemnizaciones y los correctivos de inmediato en caso de derrames, y del lado venezolano se debe efectuar un monitoreo permanente y aplicar los planes de contingencia  inmediatamente. Alertamos sobre los efectos del derrame petrolero. Existen más formas de vida acuática de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta, y cuando su hábitat y fuentes de alimento se arruinan debido al petróleo, se van a ver severamente afectados y hasta podrían morir. Esto a su vez tiene un efecto dominó en la cadena alimenticia global en el círculo de la vida.

Afectación y muerte del ecosistema marino costero.

Cambios inmediatos y a largo plazo en la calidad del agua.

Reducción del oxígeno disuelto, incremento de CO2 y de la temperatura.

Agua no apta para consumo animal ni humano.

Pérdida de la biodiversidad, considerando que las costas orientales del país tienen alta producción pesquera y se verían afectados los recursos pesqueros y alimentarios de los cuales dependen miles de personas en nuestro país.

Las especies que tengan contacto con el petróleo no estarían aptas para el consumo humano.

El petróleo puede permanecer a largo plazo en las arenas y comprometer seriamente el ecosistema.

 

Recomendaciones

 

Todos los ciudadanos que habitan en las áreas sensibles a este tipo de contingencia petrolera, deben estar capacitados para auxiliar a la biodiversidad que se vea afectada por el desastre petrolero, y así, permitir a los expertos a ser parte de la solución y no vetar nuestra voluntad de ayudar.

Las aves petrolizadas, mamíferos y demás especies de la flora y fauna, también deben ser auxiliadas, atendidas. Defendamos el derecho a la vida. La ciudadanía debe mantenerse atenta al llamado de las autoridades y no hacer uso de las playas hasta que sean saneadas y declaradas aptas para bañistas.

Cómo se solucionan los derrames de petróleo

Los derrames de petróleo se diferencian entre sí, hay métodos comunes de limpieza:

Utilizar redes colectoras para recoger el petróleo de la superficie del agua.

Usar escobas, rastrillos y otras herramientas para llevar el petróleo a una zona específica donde se recogería.

Aplicar dispersantes para disolver el petróleo, para que la biodegradación sea más rápida. Los dispersantes reducen la tensión en la superficie que impide la mezcla del agua y el petróleo. Sin embargo, se deben utilizar con cuidado, y analizar los factores de contaminación de las criaturas que pueblan el fondo marino.

Por todo lo antes expuesto exigimos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que no insista en ignorarnos y por el bien de este país, que nos alberga a todos se nos convoque a la investigación, vigilancia y cooperación de manera organizada para solucionar este problema que podría traer graves consecuencias en la vida de miles de venezolanos.

 

En la ciudad de Porlamar, a los 15 días del mes de mayo de 2017, suscribimos este pronunciamiento:

 

1)        Acceso a la Justicia

2)        Acción Campesina

3)        Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

4)        Acción Zuliana por la Vida

5)        Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental del estado Falcón (AEPA Falcón)

6)        Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM)

7)        Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

8)        Asociación Civil Mujeres en Línea

9)        Asociación Venezolana para la Hemofilia

10)     Aula Abierta Venezuela

11)     Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

12)     Centro de Animación Juvenil

13)     Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

14)     Centro para la paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela

15)     Civilis Derechos Humanos

16)     Coalición Clima 21

17)     Coalición DD.HH. Falcón

18)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure

19)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Mérida

20)     Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Táchira

21)     Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)

22)     Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

23)     Convite A.C.

24)     Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (CIIDER)

25)     Espacio Público

26)     Estrella Villamizar, Investigadora del Intituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela.

27)     EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

28)     Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

29)     Foro Penal Venezolano – Nueva Esparta

30)     Fundación Aguaclara

31)     Fundación CELTA

32)     Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica

33)     Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)

34)     Laboratorio de Paz

35)     Llamado a la Conciencia Vial A.C.

36)     María Estrella de la Mañana

37)     Movimiento Vinotinto

38)     Nueva Esparta en Movimiento A.C.

39)     Observatorio de Derechos Humanos d ela Universidad de Los Andes

40)     Observatorio Venezolano de la Salud

41)     Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción en Venezuela (ORPANAC)

42)     Organización StopVIH

43)     Padres Organizados de Venezuela

44)     Phynatura A.C.

45)     Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

46)     Proyecta Ciudadanía A.C.

47)     Provita.

48)     Red Andina de Derechos Humanos

49)     Red ARA Venezuela

50)     Red Manglar Internacional – Venezuela

51)     Rescata Tu Isla RTI, Asociación Civil sin Fines de Lucro pero con Fines de Pulcro

52)     Revista Sic del Centro Gumilla

53)     RIOD Venezuela

54)     Sinergia

55)     Sociedad Hominis Iura (SOHI)

56)     Transparencia Venezuela

57)     Un Mundo Sin Mordaza

58)     Una Ventana a la Libertad

59)     Unión Afirmativa

60)     Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

61)     Vitalis

April 25, 2016

35 ONG rechazan la usurpación de funciones y abuso de poder del Poder Judicial en Venezuela.

(Porlamar 24/04/2017) Las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

  1. Que el día 21 de abril de 2017, fueron presentados ante el Tribunal Tercerode Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, un grupo de treinta y ocho (38) ciudadanos, de los inicialmente cuarenta y dos (42) detenidos el día 19 de abril de 2017, detenciones estas, producto de una serie de ilegales e inconstitucionales “redadas”, ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta, en las inmediaciones de la ciudad de Porlamar.

  2. Que durante su detención y previo a la audiencia de presentación, las personas detenidas no tuvieron acceso de manera absoluta, a sus familiares, a sus abogados, a medicinas, así como a hidratación y alimentación oportuna y balanceada. El Tribunal de la causa permitió el contacto con sus abogados solo a algunas de las personas detenidas, treinta (30) minutos previos a la referida audiencia.

  3. Que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el Ministerio Publico Venezolano, en el estricto proceso de sus competencias, encontró vicios en la sustanciación del expediente que evidenciaban graves violaciones a los derechos fundamentales, que afectan de nulidad absoluta las actuaciones de los organismos actuantes, tales como que la imposición de los derechos del imputado y la correspondiente sustanciación del expediente correspondió a un organismo distinto al que practicó la detención, rompiéndose así con la posibilidad de evidenciar una pretendida “flagrancia”; así como que nunca quedo demostrada la comisión de delito alguno, siendo inútil entonces, la persecución penal hacia un hecho que nunca se cometió.

  4. Que motivado a ello el Ministerio Publico Venezolano, y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 285 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la NULIDAD de todas las actuaciones presentadas y la correspondiente LIBERTAD PLENA de absolutamente todas las personas detenidas, y que inclusive estas depusieron en la respectiva audiencia e hicieron evidentes a la vista del ciudadano Juez los maltratos infligidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Nueva Esparta; funcionarios estos que a su decir las sometieron a tratos crueles e inhumanos, robándoles a la gran mayoría sus efectos personales.

  5. Que a pesar de ello, y siendo que en estricto sentido constitucional y legal, la facultad de ejercer la acción penal es responsabilidad EXCLUSIVA del Ministerio Público[1], el juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, abogado Roberto Morillo Lara, USURPANDO FUNCIONES PÚBLICAS y en un evidente ABUSO DE PODER, decidió IMPUTAR por su propia cuenta los delitos de Daños Agravados e Instigación Pública, sometiendo a las treinta y ocho (38) personas detenidas al rigor de una medida cautelar sustitutivade la privación de la libertad, como lo es la presentación de dos (2) fiadores, convirtiéndose tal situación en una PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD de tales ciudadanos, toda vez que los somete a un proceso inexistente e irrito, haciéndolos permanecer injustamente presos en el Comando de Guardia Nacional Bolivariana 71, en tanto y cuanto ese tribunal encuentre satisfechos los extremos para ordenar su libertad condicionada.

Por todo lo antes expuesto, y amparados en nuestro deber de respetar y hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, decidimos RECHAZAR de manera clara y contundente la subversión del orden legal establecido en nuestro país, la cual ejecutó arbitraria y dolosamente el Juez Roberto Morillo Lara, en perjuicio de treinta y ocho (38) ciudadanos, convirtiéndose así este hecho en una inaceptable violación al derecho a la defensa, debido proceso y libertad personal, así como una desviación, que de no ser solventada de manera inmediata, se constituye en una develada ruptura del orden constitucional, al asumir el Poder Judicial competencias de exclusiva responsabilidad de otro poder, como lo es el Poder Ciudadano del cual es parte integrante el Ministerio Publico Venezolano.

Por lo tanto, hacemos un enérgico llamado a la ciudadana Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que de manera inmediata se tomen las medidas que hagan cesar esta privación ilegítima a la libertad de estos treinta y ocho (38) ciudadanos, se abran las correspondientes averiguaciones penales y administrativas que permitan someter al imperio de la ley a todos aquellos funcionarios que han propiciado y facilitado este acto violatorio derechos humanos y los principios de nuestro estado democrático y social de derecho y de justicia.
 

Suscriben este manifiesto:

  • A.C. Llamado a la conciencia vial

  • A.. Nueva Esparta en Movimiento

  • Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

  • Acceso a la Justicia

  • Asociacion Civil Fuerza, Unión, Justicia; Solidaridad y Paz (FUNPAZ)

  • Asociación Neoespartana Para La Integración Del Autista (ANOSEPIA)

  • Asociación Venezolana para la Hemofilia

  • CDH-UNIMET

  • Centro de Animación Juvenil

  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

  • Civilis Derechos Humanos

  • Coalición Clima21

  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure

  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida

  • Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Táchira

  • Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

  • Convite

  • Espacio Público

  • EXCUBITUS Derechos Humanos en La Educación

  • Funcamama

  • Fundación Nueva Mujer Margarita

  • Fundación Venezolana para la Ingeniería Ecológica

  • Foro Penal – Capítulo Nueva Esparta

  • Movimiento Vinotinto

  • Opción Venezuela A.C.

  • Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

  • Organización StopVIH

  • Programa Venezolano de Educación y Ación en Derechos Humanos (PROVEA)

  • Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM)

  • Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

  • Red Ara

  • Sinergia

  • Sociedad Hominis Iura

  • Una Ventana Por La Libertad

[1] Artículo 285, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 11, 24 y 111, numeral 8, del Código Orgánico Procesal Penal

April 21, 2017

Ante los hechos ocurridos en el estado Nueva Esparta en el marco de la protesta ciudadana.

Las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) que suscriben este documento, manifiestan:

 

Resulta inaceptable que las cuarenta y dos (42) personas que fueron privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad del Estado en los eventos ocurridos el pasado 19 de abril de 2017 en el estado Nueva Esparta, permanezcan hasta ahora incomunicadas, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados o defensores, como es su derecho constitucional, siendo además alimentadas y medicadas irregularmente.

 

Vale destacar que entre las personas que han sido privadas de su libertad por ejercer su derecho constitucinal a protestar, hay menores de edad, personas de tercera edad, hombres y mujeres que padecen condiciones crónicas de salud, incluyendo personas que han sido brutalmente agredidas física y verbalmente por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

 

La situación antes descrita evidencia vicios en el procedimiento que se está llevando a cabo y es violatoria de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que protegen los DDHH de los ciudadanos venezolanos, referidos a la privación de libertad y al debido proceso[1]

 

A todas luces, los mecanismos de coacción que se ejecutan actualmente resultan inadmisibles, no solo para nuestras organizaciones y para quienes defendemos, víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de órganos del Estado venezolano; los propios jueces y fiscales deben negarse a convalidarlos por ser contrario a la Constitución y a la legislación venezolana vigente.

 

La ciudadana Defensora Delegada en el estado Nueva Esparta, María Luisa Rodríguez, no ha hecho acto de presencia en el Comando de la Guardia Nacional de Los Cocos en Porlamar, lugar donde se encuentran detenidas las personas, aun cuando su obligación es velar por el respeto de los derechos de todos los venezolanos.

 

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; al ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y, a todas las autoridades con competencia en la materia, a que tomen las medidas para que los procedimientos se realicen debidamente apegados al derecho venezolano y al derecho internacional de los DDHH.

 

Suscriben este manifiesto:

 

  1. AC Llamado a la Conciencia Vial

  2. AC Nueva Esparta en Movimiento

  3. Foro Penal Nueva Esparta

  4. Fundación Nueva Mujer Margarita

  5. Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica

  6. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción

  7. Organización StopVIH

 

En la ciudad de Porlamar, a los 21 días del mes de abril del año 2017.-

 

[1] Artículo 44. °

 

Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza

Artículo 46. °

 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Artículo 49. °

 

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

 

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.​

April 04, 2017

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN VENEZUELA TIENE QUE RENUNCIAR.

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra indignación por las declaraciones emitidas por el defensor Tarek William Saab el día miércoles 29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en instancias internacionales.

 

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del país”[1]. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen 156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la comunidad nacional e internacional.

 

El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de Derecho.

 

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de 2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le había dado un año para que, en sus propias palabras, usted hablara “alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado.

 

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación, atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Por contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

 

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).

 

Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad.

 

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.

 

Atentamente:

 

  1. Acceso a la Justicia

  2. AC Llamado a la Conciencia Vial

  3. AC Nueva Esparta en Movimiento

  4. AC Mulier

  5. Acción Solidaria

  6. Amigos Trasplantados de Venezuela AC

  7. Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas

  8. Asamblea de Educación

  9. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

  10. Asociación Civil Mujeres en Línea

  11. Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar

  12. Aula Abierta Venezuela

  13. Brigadas Azules

  14. Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)

  15. Cedice Libertad

  16. Centro de Animación Juvenil

  17. Centro de Acción y defensa Por los Derechos Humanos

  18. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

  19. Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

  20. Cepaz

  21. Civilis Derechos Humanos

  22. Coalición Clima21

  23. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)

  24. Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados

  25. de Venezuela capítulo Táchira

  26. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios

  27. de Abogados Estado Apure

  28. Colegio de Abogados del Estado Apure

  29. Colegio de Abogados del Estado Lara

  30. Colegio De Abogados del Estado Barinas

  31. Colegio de Abogados de Estado Nueva Esparta

  32. Colegio de Abogados del Estado Sucre

  33. Colegio de Abogados de Delta Amacuro

  34. Colegio de Abogados del Estado Falcon

  35. Colegio de Abogados del Estado Monagas

  36. Colegio de Abogados del Estado Portuguesa

  37. Colegio de Abogados del Estado Carabobo

  38. Colegio de Abogados del Estado Guárico,

  39. Colegio de Abogados del Distrito Capital

  40. Colegio de Abogados del Estado Aragua

  41. Colegio de Abogados del Estado Cojedes

  42. Colegio de Abogados del Estado Amazonas,

  43. Colegio de Abogados del Estado Tachira

  44. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios

  45. de Abogados del Estado Falcón

  46. Comision Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de

  47. Venezuela, capítulo Mérida

  48. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados

  49. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

  50. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ

  51. Convite AC

  52. Espacio Humanitario

  53. Espacio Público

  54. EXCUBITUS Derechos Humanos Educación

  55. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

  56. Frente en Defensa del Norte de Caracas

  57. Foro Penal Venezolano

  58. Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)

  59. Humano Derecho Radio

  60. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP

  61. Movimiento Vinotinto

  62. Mujeres Venezolanas en Acción

  63. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)

  64. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

  65. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

  66. Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres

  67. Opción Venezuela A.C.

  68. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

  69. Organización StopVIH

  70. Padres Organizados de Venezuela

  71. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

  72. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

  73. Laboratorio de Paz

  74. Red Andina de DDHH

  75. Red ARA

  76. Redes Ayuda

  77. Sinergia

  78. Sociedad Hominis Iura (SOHI)

  79. Una Montaña de Gente

  80. Una Ventana a La Libertad

  81. Un Mundo Sin Mordaza

  82. Unión Afirmativa de Venezuela

  83. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

  84. Venezuela Diversa A.C

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